Gabriela Michetti complicada por la empleada doméstica y su propia denuncia

La Vicepresidente había declarado sobre la existencia del dinero robado en una bolsa. Su propia mucama dijo que bolsas como esa eran normales en la casa.

Si bien el fallo de la Corte Suprema por el tarifazo del gas fué la noticia que copó todo el espectro informativo en la jornada de ayer, hubo otro hecho de significancia política que no debería pasar desapercibido: se reveló que en el marco de la causa por el robo que sufrió Gabriela Michetti el 22 de noviembre del año pasado su empleada doméstica declaró que era habitual que en el domicilio de la actual vicepresidenta hubiera bolsos con dinero en efectivo.

Precisamente la existencia de montos tan altos sin bancarizar y ocultos en una vivienda particular llamó la atención de la Justicia, y por esa razón la titular del Senado es investigada. Como agravante, las explicaciones que dio acerca del origen y el presunto destino de ese dinero no fueron satisfactorias.

En ese marco, el otro testimonio que curiosamente compromete aún más a Michetti es el de su pareja, el empresario Juan Tonelli. La declaración testimonial del hombre en la causa se contradice con la versión de la vice, ya que en aquel momento no mencionó que los 50.000 dólares que había en la casa fueran un préstamo suyo, como afirmó ella públicamente.

Y los problemas no terminan ahí para la dirigente que secunda a Mauricio Macri: en el camino, se descubrió también que la fundación SUMA, que ella preside, no tenía empleados registrados ni había presentado nunca un balance ante la Inspección General de Justicia. Para colmo, una de las personas que trabaja en la fundación, Cecilia Brook, pareja del periodista oficialista Alfredo Leuco, cobra en realidad su salario del Senado de la Nación, donde tiene un contrato otorgado por la vice.

La Justicia puso el ojo sobre la fundación cuando Michetti alegó que el dinero que guardaba en su casa era parte de las donaciones recibidas. Sin embargo, una resolución de la Unidad de Información Financiera de 2011 determina que toda donación destinada a fundaciones debe estar bancarizada y que “las fundaciones que reciban donaciones o aportes de terceros por importes superiores a $50.000 realizados por una o varias personas relacionadas en un período no superior a los 30 días deberán presentar una declaración jurada de información”. Lo cual, por supuesto, SUMA tampoco hizo.

Con actividad desde 2009, la fundación tramitó su CUIT recién hace un mes, luego de que estallara el escándalo por el origen del dinero. Según las distintas denuncias que se tramitan al momento, podría ser una pantalla para mover dinero ilegal destinado a actividades políticas.

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